El reconocimiento de la plena autonomía y de la personalidad jurídica que hace sesenta años hizo el H. Congreso del Estado al Instituto de Ciencias del Estado, dando paso así a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ciertamente es un gran motivo de celebración. Sobre todo teniendo en cuenta que en las postrimerías del siglo XX e inicios del XXI la realidad de la autonomía universitaria ha sido objeto de profundas transformaciones que, en los hechos y en los conceptos, han provocado situaciones de duda y de confusión.

Desde luego, no pretendo en estas breves páginas abordar íntegramente el complejo tema de la autonomía, sino tan sólo resaltar algunos de los rasgos sobresalientes de su problemática en las instituciones de educación superior (IES) y particularmente en las universidades de hoy, vistas desde su relación con la sociedad, y apuntar algunos de los constitutivos básicos que pudieran ser parte de una propuesta de autonomía, diferente a la actualmente más practicada.

1.      LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA AUTONOMÍA

Lo nuevo de la problemática actual acerca de la autonomía, que no está en las preguntas fundamentales que siempre nos hemos planteado sobre ella, sino en las respuestas que hoy se les da a dichas preguntas. Por eso me interesa replantear su contenido a partir de cuestiones seculares sobre la misma en su relación con la sociedad. En consecuencia, es muy importante que nos volvamos a preguntar sobre su origen, sobre su naturaleza, sobre sus orientaciones y contenidos, partiendo de la discusión acerca de quién es el sujeto que la encarna, el sujeto que define sus orientaciones y sus contenidos, el sujeto que la ejerce, etc. Repito, no para agotar estos problemas sino sólo para resaltar algunos puntos actuales de debate que nos permitan visualizar prospectivamente su ejercicio.

En el caso de nuestro país, especialmente a partir de la década de los noventa del siglo XX, el concepto y el ejercicio de la autonomía comenzaron a ser fuertemente cuestionados y también a entrar a una situación de opacidad y de falta de precisión en sus contornos prácticos, por el cambio que comenzó a darse en las instituciones, sobre todo a través de las orientaciones con las que se aplicaron las políticas de evaluación y de financiamiento, y por el cambio de la relación entre las universidades y el Estado. Ello ha provocado que la definición del sujeto de la autonomía se vuelva un objeto de discusión y que el ejercicio de la misma haya suscitado algunos cuestionamientos.

En efecto, con la política derivada del Programa de Modernización de la Educación Superior impulsado en el sexenio salinista, la importancia y la práctica de la autonomía comenzó a ser considerada como un factor de segundo rango ante la primacía de determinada orientación de la evaluación y su vinculación con el financiamiento, por ser estas aplicaciones instrumentos de reconducción y reorientación social y académica de las IES. Incluso en el informe que Philip Coombs entregó al Secretario de Educación Pública, Manuel Bartlett Díaz en 1999, se comenzó a considerar que las amplias facultades discrecionales en las universidades por causa de la excesiva autonomía, impedían los procesos de reforma universitaria al hacer de las universidades instituciones humanas cuyo gobierno se basaba en la anarquía.1

La mencionada primacía del binomio evaluación-financimiento, a lo largo de la década de los noventa, modificó la relación entre las universidades y el Estado, con lo cual "el eje de este gran cambio se concretó en una forma distinta de concebir la relación entre la universidad, el estado y el mercado, teniendo como resultado una drástica disminución de la autonomía institucional".2 Con este modelo de evaluación, supuestamente "a distancia", las universidades sólo mantienen su "autonomía" para decidir metas y medios, "mientras que el Estado mantiene el poder de decisión sobre dicha metas".3

A pesar de esta peculiar concepción de la autonomía, el discurso oficial y el lenguaje institucional, durante toda la década y hasta el presente han seguido refiriéndose a una defensa y ejercicio creciente de la autonomía, aunque "en la práctica se observa cómo el Estado reclama para sí la facultad máxima para definir la orientación de la educación superior y de instrumentar los mecanismos que él considere pertinentes para encauzar el proceso".4

Todo lo anterior condujo a que el principio de la autonomía se viera fuertemente cuestionado, llegando a hablarse, incluso, de un tránsito de la universidad hacia un modelo heterónomo, "en la medida en que su misión, agenda y resultados son definidos en mayor proporción por controles externos e imposiciones, que por sus organismos internos y autónomos de gobierno".5 Se generó, pues un nuevo ordenamiento institucional en el que la aplicación de ese tipo de evaluación y su vinculación inseparable con el financiamiento extraordinario, produjo lo que se ha denominado, una "Autonomía Regulada"6, con lo cual, paulatinamente se ha ido progresando en la reorientación académica y sobre todo se ha logrado impactar en la direccionalidad o funcionalidad social de la educación superior.

Las tendencias de la década pasada, en la actualidad se conservan substancialmente idénticas, aunque, desde luego, han adquirido nuevas formas de expresión que les han servido para refinar y modernizar los propósitos anteriores. Así, encontramos diversos programas que le han dado continuidad a la política del binomio evaluación-financiamiento, habiendo sido el PROMEP, quizá, el más importante de ellos, al lado de planteamientos que se han gestado desde fines de los noventa, como los de los sistemas de evaluación y acreditación, los de un nuevo esquema de financiamiento a través de indicadores de desempeño, los de la metamorfosis aplicada a los CIEES, etc. Por eso, la cercana creación del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) o la instauración del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), del Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP), o del Programa Nacional de Becas (PRONABES) entre otros, todos ellos operando sobre el principio de la vinculación entre el financiamiento y la evaluación, nos muestran la vigencia refinada de esa misma política.

Así, como elemento catalizadores de estos programas concretos, encontramos tres categorías centrales que cobijan al binomio evaluación-financimiento y que han sido utilizadas en los últimos años para darle una visión actualizada a las políticas del modelo heterónomo o de autonomía regulada: el aseguramiento de la calidad, la corresponsabilidad y la rendición de cuentas. No cabe duda que estas tres categorías, a pesar de que se manejan con un alto grado discrecional de polisemia dependiendo de la visión ideológica desde la que se proclaman, comportan elementos positivos que es necesario asumir para una práctica renovada de las políticas de evaluación en el marco la autonomía. Por eso no hay que rechazarlas dogmáticamente. Pero el contenido y la puesta en práctica de estas categorías siempre será una variable dependiente de las visiones que se tengan de dicha autonomía.

En la actualidad, la aplicación en México de estas tres categorías, y por lo tanto de la evaluación y del financiamiento, se han hecho desde la visión generalizada e ineludible de la "autonomía regulada". Esta interpretación es la que se ha elaborado o presentado, al consuno, por los rectores agrupados en la ANUIES y por los altos funcionarios de la SEP, cuyo discurso propagandizado pero poco discutido por los actores involucrados, va comenzando a formar parte del imaginario de algunos segmentos sociales y universitarios.

Dentro de esta interpretación, se tiende a considerar que el sujeto público que debe determinar la naturaleza y los contenidos fundamentales de la autonomía es el Estado, a través de organismos gubernamentales de los poderes Ejecutivo y Legislativo; e incluso se busca que esta manera de entender el sujeto de la autonomía se convierta en ley para poder darle un carácter de obligatoriedad legal.

En esta perspectiva, a las instituciones sólo les corresponde determinar los contenidos secundarios de dicha autonomía, de acuerdo con las determinaciones fundamentales ya prescritas y en concordancia con su visión y misión localmente determinadas. Por lo tanto, las instituciones en cuanto a su autonomía, son objetos de definición del Estado, desempeñando ellas un desteñido papel de sujetos que sólo se aplica a las formalidades de ejecución de sus labores académicas y administrativas. Sin embargo, a pesar de la vigencia de esas tendencias claramente heterónomas, el papel secundario desempeñando por las instituciones, paradójicamente, no ha sido obstáculo al discurso oficial para desarrollar una retórica en la que se proclama la ampliación y la flexibilidad de la autonomía.

Es interesante encontrar que esta visión más extendida, a su vez, coincide con los planteamientos que sobre educación superior en general, y sobre autonomía y relación con el Estado particularmente, han sustentado e implantado las tendencias más fuertes en algunos organismos internacionales.

Ante la persistencia ya señalada de las orientaciones heterónomas, conviene incursionar brevemente en sus causas, al menos en la que pudiera ser una de las hipótesis más fuertes. Siguiendo la discusión que recientemente ha planteado Yosu Landa en la revista de la ANUIES, se dice: "esta heteronomía gubernamental no es ajena al fuerte influjo proveniente de los procesos que canalizan la globalización de la "nueva economía". Se trata de un nuevo avatar del capitalismo, particularmente nocivo por su palmaria voracidad, por su irrespeto a límites éticos y sociales elementales, por su unilateral sentido mercantilista, por su enorme capacidad de imponer su lógica economicista, por su destructividad en el plano social y ecológico, con lo que pareciera adquirir carta de naturaleza una necesaria conexión entre ese modo de economía y las funciones esperables de toda genuina institución universitaria así, con la idea de introducir la racionalidad del mercado, libre de toda cortapisa legal, política, social y moral, los gobiernos del presente procuran encauzar el desarrollo de la educación superior de acuerdo con las necesidades de los principales factores de la nueva economía global... En definitiva, desde las instancias administradoras de la res publica, se intenta reorientar el rumbo de la educación superior por el derrotero de la ciencia hiper-instrumentalizada, que se aviene con el pujante proceso del nuevo capitalismo".7

Este autor redondea sus ideas en este punto señalando la necesidad de evitar que la lógica del mercado se convierta en el factor regulador de la educación superior y en el criterio dominante de su valoración, lo cual, dice, nos podría conducir a una "necesaria refundación del ideal automático".

Como se puede vislumbrar, detrás de los planteamientos de la heteronomía gubernamental y de la refundación del ideal autonómico universitario, sigue presente la antigua y actualísima discusión acerca del sujeto de la autonomía. Igualmente está presente la problemática del ser de las universidades en el sentido de si éstas son partes constitutivas del Estado operacionalizado a través del gobierno, o si son materia de interés del Estado y del gobierno de manera que se puedan consider como plenos "sujetos de derecho"; de ambas posibilidades se podrían desprender consecuencias, ya fuera para instrumentar una autonomía regulada, o bien para buscar una nueva formulación de la autos-nomos para la educación superior.

En relación con esta problemática tan compleja, es ilustrativo tener en cuenta que la ANUIES en su documento de 1999, La Educación Superior en el Siglo XXI. Líneas Estratégicas de Desarrollo, hace translúcida su concepción acerca de una relación biunívoca de atribuciones y funciones entre las instancias del Ejecutivo Federal y la propia Asociación, de manera que  eso hace patente la transferencia, realmente existente, entre las funciones de ambos organismos. Desde mi punto de vista, hay ambigüedad y existen deslizamientos entre lo que corresponde a uno y a otro tipo de instancias, lo cual manifiesta la necesidad de discutir y aclarar nítidamente la relación con el Estado y por lo tanto la operación y formulación de la autonomía.8

En el Programa sobre el Marco jurídico de la Educación Superior, que aparece en el mismo documento, una de las metas que propuso la ANUIES para el 2001 fue la de tener un documento condensado por la CUPIA sobre los alcances de la autonomía. El planteamiento mismo de esta meta es el reconocimiento de que entre los miembros que la componen existe una diversidad de opiniones al respecto. Sin embargo la ANUIES también se propone contar, para el 2004, con un nuevo marco legislativo que modifique el artículo 3º. de la Constitución en lo referente a la autonomía. Y esto último se ubica, obviamente, dentro de las propuestas para las acciones que debe realizar el Estado.

Es decir, que a pesar de la falta de consensos sobre los alcances de la autonomía, ya se aprobó que sea un órgano gubernamental quien defina en última instancia la autonomía. En otras palabras, antes de haber logrado la meta del consenso sobre los alcances de la autonomía, ya se adoptó la resolución de que debe ser el Estado a través del gobierno, el sujeto definidor de dicha autonomía, con lo cual ya se está predeterminando una condición que modula los alcances de la misma. Como se ve, hay una "petición de principio", además de que se desliza una visión heterónoma de la autonomía.

Estamos ante una discusión muy importante ya que, en los hechos, a las instituciones se les está considerando como entidades que deben ser normadas y reglamentadas desde fuera de ellas, como en realidad está aconteciendo. Y además, dentro de este conjunto de preguntas y de cuestionamientos, también es un hecho que todos seguimos aceptando la existencia, prácticamente axiomática, de la autonomía y seguimos imbuidos por el discurso de que esa autonomía está cada vez más perfeccionada.

2.      CONSTITUTIVOS BÁSICOS PARA UNA PROPUESTA

Por lo general, en las leyes orgánicas de las universidades públicas se señala que éstas son "organismos descentralizados del Estado", y de esta figura y denominación jurídicas se desprende la obligación del gobierno de proporcionarles recursos económicos. Como consecuencia de lo anterior, se ha concebido que las instituciones deben ser instancias adecuadas para que las administraciones gubernamentales en turno puedan aplicar las políticas necesarias para el logro de un Estado constitucional mexicano; esta concepción constitucional del Estado, estará matizada, desde luego, a través de la interpretación que de ello realice el ideario político de los gobernantes en funciones.

Entre otras palabras, se afirma aunque no en voz alta- que las universidades son instrumentos que utiliza la orientación política que está en el poder y dirige al Estado, y en consecuencia, el gobierno debe encauzarlas y reglamentarlas. Hay un tránsito no suficientemente dilucidado entre lo estatal, lo gubernamental y lo político, que genera una buena serie de confusiones en la vida práctica, sobre todo en lo relativo al contenido del concepto de Estado y de sus atribuciones, y al concepto de gobierno y las suyas, con sus obvias repercusiones en la manera de entender y practicar la autonomía universitaria.

No cabe duda que las universidades forman parte del Estado,9 están dentro del Estado, son componentes constitutivos del conjunto de instituciones que conforman el Estado, pero no son propiedad de entidad alguna, ni establecimientos orgánicamente dependientes de alguno de los demás órganos que conforman el Estado. Menos aún podemos decir que las universidades sean dependencia que adquieran su razón de ser por la subordinación a alguna de las oficinas o ministerios gubernamentales encargados de organizar la res publica. Por lo tanto no se puede aseverar tajantemente que las universidades sean del Estado, ni del gobierno, aunque no sean del todo ajenas a estos ámbitos del poder. Tendrán que operar de acuerdo con los objetivos políticos genéricos del Estado, pero no necesariamente dentro de una circunscripción heterónoma.

Lo anterior no significa que las universidades sean socialmente autárquicas o absolutamente independientes en cuanto a su razón de ser. Socialmente, las universidades existen en razón de la necesidad que tiene la sociedad en su conjunto de contender con eficiencia profesional y científica ante sus necesidades a través del conocimiento. Por lo tanto las universidades no pueden dejar de considerar que la función social principal que tienen es la de estar al servicio de la sociedad como totalidad, la cual les imprime su razón social de ser, y les hace viable su existencia mediante los recursos económicos que los ciudadanos como colectividad aportan a través del físico.

La sociedad, el pueblo, en quien reside la soberanía, le delega al gobierno la responsabilidad de administrar sus recursos en forma vicaria. Por lo tanto el gobierno deberá canalizar los recursos de acuerdo con las necesidades u orientaciones que procedan del conjunto social, dentro del cual las realidades que afectan a la mayor parte de los ciudadanos tendrán una ponderación determinante. Así, la pertenencia10 y las pertinencias universitarias con respecto a la sociedad, no podrán ser ignoradas por las instituciones educativas, de lo cual tampoco se sigue necesariamente un régimen heterónomo, aunque sí deberán actual en concordancia con los intereses generales de la sociedad.

Por otra parte, si nos remontamos a las características originarias de las universidades, podemos constatar cómo su objetivo central de adquirir, preservar, construir y enseñar el conocimiento para responder a las inquietudes y apremios de la sociedad de su tiempo, condujo a los prístinos universitarios a demandar de los poderes políticos y religiosos el reconocimiento de la autonomía en sus labores porque la naturaleza de su institucionalidad, centrada en el conocimiento, así lo demandaba.

En otras palabras, porque la autonomía es un atributo intrínseco del conocimiento e inherente a la operación institucional del mismo, por eso se demanda su reconocimiento por las instituciones. La autoridad reconoce, pero no otorga la autonomía. Por eso no es de extrañar que desde los orígenes de la universidad y a lo largo de toda la historia,11 la autonomía se haya aceptado como un axioma, y sin embargo también haya sido objeto de muchas lides, a pesar de las variantes que su interpretación haya tenido en diversas épocas.

Así pues, el sujeto real en quien reside la autonomía es la institución llamada "universidad", a la cual se encarna principalmente en sus agentes, que llevan a la práctica el conocimiento a través de un proyecto académico, y estos agentes son, primordialmente, los profesores y los estudiantes "que asuman incondicionalmente los valores de la academia"12. A ellos corresponde, en primera instancia y con el impulso de los órganos de conducción, señalar los alcances de la autos-nomos, de sus formas de organización, de sus criterios de evaluación, etc., en vistas a la independencia en lo académico, a la autonomía en lo organizativo, a la autodefinición en su vinculación externa y a la pertinencia en su respuesta social. Pero todo ello sin perder nunca vista que se es parte del Estado nacional y sin dejar de buscar la adecuada inserción en el contexto reticular de la mundialización internacional.

Por lo tanto, queda claro que el objetivo social último de la autonomía es que las instituciones universitarias puedan ser verdaderos centros de despliegue del conocimiento al servicio de la totalidad social. Por lo tanto, con la autonomía se busca que ni este conocimiento, ni las instituciones que lo procesan, sean instrumentalizados por ningún poder heterónomo a ellos, ya sea que tuviera pretensiones de encauzarlos en función de intereses de diversa índole de los académicos, o de encaminarlos en razón de intereses sociales particulares que se apartaran de los intereses de la totalidad social marcada por los apremios de la mayor parte de sus miembros.

Como se ve, la búsqueda y ejercicio de la autonomía no es sino el asumir las consecuencias de la relación intrínseca y mutuamente dependiente entre las universidades y su sociedad, pero respetando e impulsando la naturaleza del eje articulador de las universidades, que es el conocimiento. La defensa de la autonomía no adquiere su razón de ser en el hecho de emprender una cruzada contra algún tipo de Leviathan, ya sea éste el Estado o los organismos internacionales o la visión economicista neoliberal, sino en recuperar para las universidades su válida función social originaria y natural, que está siendo desvirtuada por las proyecciones heterónomas. Indudablemente que ello podría implicar ciertas escaramuzas económicas, institucionales, ideológicas, laborales, etc., pero no como un efecto pretendido sino como una realidad concomitante.

Más aún, desde la autonomía es necesario buscar cómo relacionarse con las entidades públicas, pero sin subordinarse a ellas, sino a partir de las propias realidades universitarias. Porque no hay que perder de vista que la raíz última que ha propiciado que en la actualidad se refuercen los planteamientos heterónomos aunque con una motivación diferente pero coincidente con las argumentaciones de medidos del siglo XX- no es el aparato administrativo y burocrático de las secretarías de gobierno. Estos son ejecutores de las directrices que, en cascada y con diversos niveles de responsabilidad, les van ordenando, lo cual, por otra parte, no los exime de ser copartícipes inmediatos de su aplicación.

La raigambre heteronómica de fondo es la función social que se le ha asignado a la educación superior de convertirse en instrumento alimentar de una visión hiperliberal mediante el manejo pragmático del conocimiento en la formación de profesionales, en el invento de conocimientos que produzcan valor agregado, y en una vinculación con la sociedad, polarizada por las necesidades de una productividad competitiva. La mayor responsabilidad de su aplicación es, por una parte,  de quienes tienen funciones de conducción en diversos niveles, por asumir acríticamente esta función social o por impulsarla; y por otra parte, lo es también de los académicos porque "aunque en medio de coacciones de carácter diverso- hemos abandonado los espacios de conducción organizada de nuestras instituciones y hemos ido aceptando los mecanismos que hacen posible la aplicación de esa función social. Por eso es necesario recuperar el ideal autonómico.

3.      ALGUNOS PUNTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA AUTONOMÍA

Con el objeto de encontrar algunos puntos de aplicación de lo antes señalado, me voy a referir a los tres campos necesarios de operación de la autonomía. No perdamos de vista que los dos ejes que nos han guiado en la reflexión sobre la heteronomía-autonomía han sido el de la soberanía de la sociedad y el pueblo con el papel de administrador eficiente que le corresponde al gobierno, y el eje del atributo intrínseco de la autonomía para el conocimiento y para la operación del mismo.

A la luz de lo anterior, el despliegue operativo de la autonomía comprende tres ámbitos: el académico, el financiero y el de la conducción institucional, todos ellos en interacción recíproca.

1)     En lo académico, el dispositivo principal es el de la autodefinición académica, que consiste en la capacidad real que tenga cada institución, a través de sus órganos colegiados, de decidir, sin presiones externas directas o indirectas, sobre todo financieras, acerca de la composición y organización de sus programas docentes, de investigación y de vinculación cultural.

Algunas aplicaciones de esta definición, a manera de ejemplo, serían las de autodefinir: qué carreras o posgrados abrir, qué tipo de investigaciones emprender, a qué sectores y con que modalidades quiere orientar preferentemente sus servicios académicos, las características académicas de los aspirantes, qué evaluaciones aplicar y con qué criterios hacerlas, qué seguimiento hacer de sus alumnos y profesores y con qué criterios, qué características y habilitación deberán tener sus profesores, cómo organizar flexible y armónicamente los currícula de sus alumnos, qué medidas adoptar para una organización eficiente de la academia, etc.

2)     En cuanto a lo financiero lo central sería la suficiencia y autodefinición Financieras, que consistiría en que las instituciones contaran con los recursos económicos fiscales necesarios (no los mínimos para la subsistencia institucional) cuya necesidad esté sólidamente fundamentada, para la operación académica, mantenimiento y equipo, lo cual les permitiría escoger y orientar su desempeño sin condicionamientos sociales o políticos originados por fuentes financieras específicas.

Esta suficiencia y autodefinición financieras, implicaría, por ejemplo, la distribución interna de sus recursos sin predeterminaciones externas ni recursos etiquetados, el establecimiento de controles y evaluaciones para el uso de los recursos, la definición institucional de criterios y formas de administración de los mismos, una información sistemática a la comunidad y a la sociedad de su empleo, etc.

3)     En cuanto a la dirección y gobierno universitarios, el eje fundamental sería el de la Autoconducción Institucional, que giraría alrededor de la existencia de condiciones reales de posibilidad para aplicar las normas que las propias instituciones se dicten, sin interferencias de circunstancias externas, sobre todo en lo tocante a las formas y operación del gobierno de las instituciones. Sin embargo, este tercer ámbito, no se limita al ejercicio de la autoridad interna sino que comprende también la conducción de los otros dos ámbitos, el académico y el financiero.

También a manera de ejemplo, comprendería la capacidad de nombrar y revocar a sus directivos en todos los niveles sin interferencias externas mediadas o discretas, la definición de los mecanismos que considere más adecuados para el nombramiento de sus autoridades, la composición de sus órganos de conducción, la elaboración de su propia legislación, la creación de mecanismos eficientes de representación de sus sectores internos, la capacidad de determinar criterios de ingreso, promoción y permanencia de acuerdo a la legislación de la materia y a la bilateralidad pactada con las representaciones laborales, etc.

Todo lo hasta aquí señalado, no significa que se rompa cualquier relación de las universidades con el gobierno o que éste no tenga ningún papel activo en el ejercicio de la autonomía. La relación entre ambos sujetos públicos sigue viva, pero con una transformación cualitativa con respecto a la que se da en un régimen heterónomo. Así, al gobierno le corresponderían tres funciones básicas: respetar la autonomía en su relación con las instituciones, salvaguardarla con respecto a intromisiones de organismos extraeducativos, y coadyuvar con las propias instituciones para su realización, sin que todo eso implique inducir determinaciones estatales.

Y así por la vía de los ejemplos, señalo que una atribución propia del Estado sería la de proveer los recursos fiscales necesarios para que de las instituciones puedan desempeñarse con autonomía, y emitir la normatividad presupuestaria y fiscal necesarias para tener políticas de Estado en esta materia. Otra importante atribución sería la de emitir las normas y orientaciones para que el resto de los actores sociales asuman la autonomía universitaria, así como adoptar las resoluciones necesarias para tener políticas de Estado en esta materia. Otra importante atribución sería la de emitir las normas y orientaciones para que el resto de los actores sociales asuman la autonomía universitaria, así como adoptar las resoluciones necesarias para que eso se lleve a cabo. También estar en una alerta respetuosa acerca de los compromisos adquiridos por las instituciones para el ejercicio autonómico, etc. Todo ello implica una interacción dinámica entre el gobierno y las instituciones, ya que se requerirían acuerdos operativos entre los representantes de ambas partes, en orden a las acciones a implementar, los límites que es necesario fijar, las condiciones de operación, etc.

Esta función gubernamental con respecto a la autonomía tendría que contemplarse en un marco más amplio de políticas educativas que elabore el Estado, en el cual se considera en las diversas actividades gubernamentales que es necesario emprender para la educación superior, tales como la construcción de nuevos planteles, la ampliación de la cobertura educativa, la organización de centros de capacitación y de actualización para la vida y el trabajo, la promoción de parques de desarrollo tecnológico, etc. Así se podrían evitar muchas interferencias con la autonomía universitaria.

Pienso que las ideas antes expuestas pueden ser una colaboración para suscitar discusiones acerca de este tema tan vital que ha pervadido la historia y que sigue siendo uno de los pivotes de la nueva universidad que nos están reclamando las realidades de la mundialización y las necesidades apremiantes de nuestra sociedad mexicana.

Guillermo Villaseñor García
Tepepan, Xochimilco, D. F.
Octubre de 2002

1.      Antes que nada deseo agradecer la invitación que me han hecho para reflexionar con ustedes sobre un tema que cobra cada vez mayor relevancia, la autonomía de las instituciones universitarias y su traducción en formas específicas de conducción y gobierno que sintetizan un cierto tipo de relaciones con sus comunidades. En los pocos minutos de que dispongo me gustaría establecer algunos puntos nodales sobre los cuales podría bordar la discusión.

2.      La última década del siglo XX marcó para la universidad una de las transformaciones más significativas de su historia. Los cambios operados en tan sólo diez años impactaron como nunca antes las prácticas y formas de organización y gobierno de cada institución. Las estrategias y políticas desde las que se regula hoy a la universidad, han ido adquiriendo su fuerza y viabilidad en el poder de sus instrumentos para afectar la naturaleza, contenido y organización del trabajo universitario, lo que ubica en el centro de las disputas el sentido que se le otorga a la autonomía y los medios para garantizarla. La efectividad de tales instrumentos descansa en su capacidad de distanciamiento, al constituirse como normas abstractas asociadas a procedimientos estandarizados de aplicación general. De hecho, estos instrumentos proyectan sus exigencias como tareas auto-asumidas por las propias instituciones, para estar en condiciones de responder adecuadamente a los retos que les plantean sus nuevas realidades.

Estos nuevos modos de regulación no hacen sino proyectar una condición más general de la modernidad en la que la administrativización de la sociedad ha alcanzado, con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información, niveles hasta hace poco difícilmente imaginable. A partir de finales de la década de 1980, la universidad inicia una etapa de reordenamiento institucional conducido decididamente por el Estado. Las agencias gubernamentales, y otros organismos de carácter autónomo creados ex profeso, se han encargado de diseñar y poner en operación nuevos mecanismos de conducción a distancia, que funcionan mediante la evaluación periódica de los productos de cada institución, programa o individuo. La competencia por recursos limitados facilita la regulación de las conductas, pues induce a las instituciones y sus comunidades a cumplir adecuadamente las finalidades establecidas, las cuales son expresadas en compromisos muy específicos de cambio establecidos ante la instancia gubernamental.

En este contexto, el concepto de autonomía resulta crucial, pero entendido ya no como principio de autodeterminación que conduce al establecimiento de sus finalidades y proyectos, sino básicamente como la responsabilidad de las instituciones y los individuos sobre su propia conducción y desempeño para atender las demandas "expresados en normas de rendimiento o estándares de desempeño que les plantee su medio externo. El concepto de autonomía adquiere un nuevo sentido que enfatiza su carácter esencialmente operativo o práctico, ya que las universidades se ven obligadas, cada vez con mayor insistencia, a enfrentar los desafíos que implica el hacerse cargo de sí mismas en espacios abiertos, dependiendo fundamentalmente de sus propias realizaciones. En adelante, las instituciones tendrán que desarrollar sus habilidades para actuar, aprovechando las oportunidades que les brinda un medio ambiente crecientemente competitivo, complejo y muy dinámico. Se trata de una autonomía operativa o práctica que, más que plantearse sus propios desafíos, debe responder a los retos que le impone su medio externo. Y ello, insistamos, con la mediación del Estado, que estructura los campos de acción de la universidad, al diseñar mecanismos de regulación a distancia que limitan en los hechos los grados de libertad de la institución.

En suma, esta nueva "autonomía responsable" supone la existencia de universidades y comunidades que pueden actuar con libertad, pero respetando en todo momento los marcos instituidos que se han establecido para conducir sus acciones. Se trata de un concepto en el que la naturaleza, contenido y organización del trabajo universitario es removido del control de la institución para quedar en adelante bajo la tutela de organismos externos que dictarán qué, cómo y de qué manera hacer el trabajo. Esto mismo se ha expresado en el interior de las instituciones, en donde las comunidades académicas se han visto despojadas de ese mismo control de su trabajo, con lo que la libertad de cátedra e investigación o el sentido de la definitividad, han sido removidos, o cuando menos trastocados en los hechos. La clave de esta remoción, como ya dejamos entrever, se encuentra en la evaluación y su consecuencia, el acceso o no a recursos extraordinarios que se asignan considerando estándares de desempeño generalmente establecidos externamente.

El ejercicio de la autonomía así considerada "digamos como norma desnormativizada se ha empezado a traducir en un modo de gobierno y gestión institucional muy semejante al empresarial, que se propone garantizar que sus comunidades cumplan, ahora sí, con las finalidades que les ha encomendado "la sociedad".

3.      La relevancia que adquieren las formas de gobierno y administración se encuentra en su capacidad para traducir operativamente un proyecto institucional que orienta acciones y conductas que impactan a la sociedad produciendo ciertos efectos, además de definir particulares modos de existencia de individuos y comunidades. Como una primera aproximación, es posible identificar algunos de los rasgos de lo que denominaremos como la universidad empresarial, que se empieza a prefigurar como la forma dominante de gobierno de las instituciones universitarias, que han asumido ya esa autonomía práctica que las ubica como ejecutoras de programas que responden esencialmente a demandas externas.

La característica primordial de la universidad empresarial se encuentra en la adopción sistemática de las formas de organización, los instrumentos y tecnologías de gestión y los juegos retóricos de la gran corporación, bajo la premisa de que una universidad no es esencialmente distinta de la empresa y que, por lo tanto, puede ser manejado de la misma manera. Ello ha derivado en la identificación de las finalidades sustantivas de la institución en términos de misión, la cual se traduce en estrategias, programas, objetivos y metas susceptibles de evaluación, y en la identificación de un "portafolio de productos y servicios" para atender las demandas de sus mercados. Asimismo, supone la adopción de técnicas administrativas como la calidad total o la reingeniería, y la aplicación de programas estandarizados de evaluación como el ISO-9000.

La universidad empresarial se encuentran dirigida por un nuevo tipo de funcionario universitario, que se caracteriza por su amplia capacidad administrativa y, en cierto sentido, por la reivindicación de su derecho de dirigir. Asume que la conducción de la universidad es un asunto de expertos, por lo que es necesario delimitar y diferenciar los espacios de actuación de la dirección institucional, de aquellos directamente relacionados con las funciones académicas, y de los que tienen que ver con el manejo administrativo rutinario de la institución. El ámbito esencial de actuación de tal dirección institucional centralizada se ubica en las relaciones que mantiene con su medio externo, definiendo la misión y las estrategias de la universidad, estableciendo los acuerdos de intercambio y colaboración, y atendiendo los problemas que se deriven de un mercado muy competido, incierto y dinámico. Su eficacia se mide a partir de los procedimientos estandarizados de evaluación y la rendición de cuentas; el ascenso político de los gerentes universitarios se logra a través de una buena gobernabilidad asentada en la administración, el control centralizado y el desempeño eficiente.

Por otra parte, se aprecian innovaciones en las formas de organización que suponen nuevos arreglos estructurales, en los que las formas democráticas o colegiadas de gobierno se ven paulatinamente desplazadas por "o subordinadas a- estructuras ejecutivas que conducen los proyectos estratégicos de la universidad. La toma de decisiones colegiada es apreciada crecientemente como obstáculo para la buena marcha de la institución, ya que la discusión en colectivos amplios y muy diversos, acompañada muchas veces de la movilización de activistas, dificulta grandemente una aplicación directa y expedita de los criterios de racionalidad administrativa que se utilizan para medir el desempeño. Para enfrentar estos inconvenientes, se propone reducir el tamaño de los órganos colegiados y orientarlos hacia funciones de carácter consultivo que retroalimenten la política global de la universidad, diseñada por los órganos personales encargados de la dirección institucional. Asimismo, se propone crear comisiones ad hoc para analizar temas concretos y operar mecanismos selectivos de consulta dirigida en los que se controlan los tiempos, modalidades y alcances de la participación. En este caso, se produce un efecto de legitimidad inducida, en la medida en la que la participación así operada valida los resultados de la consulta. La efectividad de este proceso de conducción se encuentra en el desplazamiento del contenido y la finalidad de la consulta, que son sustituidos por un procedimiento de participación que alienta un sentimiento de "haber sido tomado en cuenta".

Otro rasgo importante de la universidad empresarial tiene que ver con su manejo financiero, que es considerado como asunto exclusivo de expertos, encargados de diseñar estrategias de captación de recursos que fortalezcan la independencia y capacidad de acción de la institución. Ello supone un manejo centralizado de los recursos, pues amplía los márgenes de negociación de la dirección institucional con cada uno de los sectores de la universidad, propiciando un control más eficaz y una colaboración más expedita. Empiezan a operar mecanismos de control de los recursos mediante sistemas de información en red, que permiten un seguimiento detallado, puntual e instantáneo del ejercicio del gasto, con lo que se pueden detectar anomalías y realizar ajustes desde las oficinas centrales de la institución. Además, el presupuesto se consolida como herramienta fundamental de gobierno, pues permite diferenciar proyectos en función de las propiedades institucionales y de la funcionalidad que representen para atender las demandas del mercado.

Finalmente, la universidad empresarial incorpora modalidades de organización que propician, a la vez, una mayor flexibilidad y un mayor control. Este delicado balance persigue una conducción institucional, en la que los individuos y grupos lleven a cabo sus actividades determinando libremente las mejores formas para realizarlas, pero siempre dentro de los marcos institucionales diseñados para tal efecto. Los reglamentos y políticas formalmente establecidos, que funcionan como límites de la acción, son complementados con el diseño de mercados internos artificiales que fomentan la competencia y la productividad: los programas de asignación de recursos financieros a concurso, los estímulos económicos extraordinarios o la asignación de becas y otros apoyos en función del desempeño, propician la normalización de comportamientos, garantizando una mayor flexibilidad y disciplina en el trabajo. Estas nueva prácticas reducen los márgenes de la comunidad para confrontar las decisiones de la dirección institucional, pues de ella dependen la asignación presupuestal y el otorgamiento de las remuneraciones extraordinarias. Como consecuencia, la universidad empresarial ve disminuida la participación de académicos y estudiantes, que se concentran crecientemente en sus quehaceres, ejerciendo esa autonomía práctica que les otorga un sentido figurado de autodeterminación.

Desde esta perspectiva, en suma, el gobierno y la conducción de la universidad se va convirtiendo en un problema de funcionarios expertos, que establecen las condiciones para el diseño de los programas institucionales prioritarios, determinando muchas veces sus espacios y modalidades de realización. Ello impacta, como hemos venido insistiendo, la naturaleza, contenido y organización del trabajo universitario, que debe ajustarse a las normas contables externamente establecidas y a los tiempos que se derivan de los procedimientos de evaluación. Esta "nueva universidad" muestra esa tendencia hacia la administración como clave de gobernabilidad, es decir, hacia ese predominio de los saberes y prácticas propios de las empresas para el diseño y conducción de las instituciones, sus programas y sus recursos.

4.      Frente a esta posibilidad que empieza a vislumbrarse en algunas instituciones de nuestro país, es necesario restituir un sentido más pleno a la autonomía universitaria como la capacidad de una comunidad para definir su rumbo y operarlo con independencia. Ello supone, por una parte, la capacidad de control de la universidad sobre sus finalidades y sus proyectos, y por la otra, el acceso a los recursos económicos necesarios para garantizar su pleno cumplimiento. Desde esta perspectiva, y en claro contraste con el modelo de universidad empresarial, las comunidades desempeñan así un papel central, ya no sólo como ejecutoras de programas venidos de fuera, sino esencialmente como participantes activas en el diseño de las tareas y proyectos sustantivos de la institución. En un arrebato utópico nos atrevemos a delinear algunos elementos que podrían conducirnos a negociar una universidad participativa&

·        que considera el ejercicio de la autonomía como la posibilidad de establecer proyectos y contar con las condiciones para su cumplimiento;

·        que posibilite la construcción de espacios de realización para todos, propiciando su vinculación a partir de la colaboración reflexiva de las comunidades que los impulsan;

·        que sostenga su legitimidad en su carácter incluyente, descentralizado y plural, siempre más allá de misiones institucionales estrechas o de proyectos prioritarios mal entendidos;

·        que se mantenga como dispositivo socialmente auto-regulado, en la medida en la que las relaciones entre los grupos y sectores de su comunidad funcionen como mecanismo institucional eficaz para el establecimiento y/o modificación de normas mínimas de convivencia;

·        que funcione con transparencia, al hacer visibles las actuaciones de todos bajo sistemas de rendición de cuentas sancionados colectivamente, fortaleciendo la confianza en los otros mediante el cumplimiento escrupuloso de las finalidades acordadas.

Las condiciones de posibilidad para avanzar hacia un modo de organización basado en la autonomía sustantiva y la participación de la comunidad, supone al menos cuatro elementos fundamentales:

1.      El establecimiento de una política de Estado para la universidad  que la proteja de las crisis económicas y las políticas coyunturales, y le otorgue estabilidad y certidumbre de largo plazo. Ello exigiría:

¡     la determinación de un porcentaje del PIB como asignación mínima para promover la educación y la ciencia; y

¡     la revisión del marco legislativo del sistema universitario para eliminar las ambigüedades en temas clave como los de la autonomía, la gratuidad y el financiamiento, considerando para ello la participación amplia de las instituciones y sus comunidades.

2.      La asignación de recursos económicos extraordinarios que atiendan los rezagos acumulados y garanticen la realización continuada de los proyectos institucionales que compensen tales rezagos. Ello exigiría

¡     el establecimiento de programas de financiamiento extraordinario, manejados por organismos independientes del gobierno, para tender las carencias en regiones e instituciones históricamente desatendidas.

3.      El ejercicio de la autonomía al margen de la regulación del Estado, para garantizar que las comunidades de cada institución decidan efectivamente los términos específicos y los alcances de sus proyectos. Ello exigiría

¡     el establecimiento de procedimientos de evaluación sustentados en los compromisos académicos acordados por la institución y sus comunidades;

¡     el establecimiento de la evaluación como mecanismo de retroalimentación de la actuación institucional y, en consecuencias, la eliminación de todo posible castigo financiero ante un eventual resultado negativo; y

¡     la operación de órganos colegiados autónomos conformados de manera plural y equilibrada, para conducir la rendición de cuentas sin la intervención del gobierno y con la mayor transparencia.

4.      La consolidación de una comunidad de núcleo duro, sustentada en la profesionalización de la carrera académica y la formación de equipos de trabajo que permitan potenciar los proyectos de docencia, investigación y difusión. Ello exigiría...

¡     la ampliación del número de profesores de tiempo completo sobre los de medio tiempo y los de asignatura;

¡     la consolidación de los programas de formación y actualización del personal académico de carrera; y

¡     el establecimiento de un modelo de regulación académico-laboral sustentado en una remuneración adecuada y estable, y en el reconocimiento de la trayectoria académica de largo plazo.

Los rasgos y las condiciones de posibilidad de esta gobernabilidad participativa deben ser asumidos como una provocación inicial que persigue orientar la reflexión de la situación de las universidades públicas mexicanas en la actualidad, y de los efectos particulares que han experimentado al empezar a operar bajo los nuevos modos de regulación estatal.